Hasta hace poco, Hacienda tenía difícil saber qué cripto compraba o vendía cada persona, sobre todo en plataformas de otros países. La DAC8 cambia eso: obliga a los exchanges y plataformas de cripto a chivarle a Hacienda quién opera y cuánto.

Y lo mejor (o peor, según se mire): los países de la UE se pasan esa información entre ellos. Así que si vives en España pero usas una plataforma de otro país europeo, esos datos acabarán llegando a la Agencia Tributaria española. Es la forma de la UE de decir “se acabó esconder cripto del fisco”.

La DAC8 es la Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, de 17 de octubre de 2023, que modifica por octava vez la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperacion administrativa en el ambito de la fiscalidad. Introduce un marco de intercambio automatico y obligatorio de informacion sobre criptoactivos, alineado con el estandar de la OCDE Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a comunicar informacion fiscal sobre sus usuarios y operaciones, abarcando tanto a los autorizados conforme a MiCA (Reglamento (UE) 2023/1114) como a otros operadores de criptoactivos. El plazo de transposicion concluyo el 31 de diciembre de 2025 y las obligaciones de comunicacion son aplicables desde el 1 de enero de 2026, con el intercambio automatico entre administraciones a partir de 2027. En España su transposicion se articula mediante el correspondiente real decreto y orden ministerial de desarrollo.